Mar Jonio, pregunta equivocada en la investigación de Ragusa


La fiscalía vincula solidaridad y lucro: hipótesis de un delito que no existe
Por STEFANO ZIRULIA, jurista de la Universidad Estatal de Milán, para l’Avvenire, edición del 5 de marzo de 2021.

Estimado director,

“Lo han hecho con ánimo de lucro, no por solidaridad”. Estas son las duras acusaciones que circulan desde hace unos días contra la tripulación del buque “Mare Jonio”, en relación con el transporte a Pozzallo de 27 migrantes rescatados del mercante danés Etienne. La Fiscalía de Ragusa abrió un expediente por favorecer e incitar a la inmigración irregular, afirmando tener pruebas de que el traslado de los náufragos del barco danés al italiano se realizó en base a un acuerdo comercial, por el que el armador del barco danés pagó una importante suma de dinero por el servicio prestado. Dando por hecho que acertar lo que realmente ocurrió deberá ser averiguado durante el juicio, el énfasis puesto en los aspectos económicos parece objetivamente desproporcionado y termina por distraer la atención de las verdaderas cuestiones en juego.

En Italia, de hecho, la responsabilidad personal por el delito de favorecer e incitar a la inmigración irregular no depende de haber actuado con ánimo de lucro; depende, más sencillamente, de haber transportado ilegalmente a Italia a extranjeros sin documentos (artículo 12 de la Ley de Inmigración). Si el hecho se comete para obtener un beneficio, se activa una circunstancia agravante que prevé penas aún más duras; pero la pena existe incluso en ausencia de beneficio. Además, precisamente por eso nace el problema del “delito de solidaridad”: la ley italiana, tal y como está formulada textualmente, lleva al banquillo de los acusados tanto a los que actúan para lucrarse económicamente como a los que lo hacen con fines altruistas.

Sin embargo, una reciente sentencia de la Corte Suprema de Casación (la que declaró ilegítima la detención de Carola Rackete a principios de 2020), ha aclarado por fin cómo el artículo 12 de la Ley de Extranjería no es, por así decirlo, un cuerpo aislado, sino que debe interpretarse y aplicarse teniendo en cuenta el marco jurídico en el que se inserta, incluido el derecho internacional que regula las operaciones de salvamento en el mar. Por lo tanto, la Corte explicó que el transporte de náufragos a Italia no puede considerarse “ilegal”, ni siquiera cuando se trate de extranjeros sin documentos: esto se debe a que el deber de rescatar vidas humanas en peligro, sancionado por los Convenios sobre el Derecho del Mar (Unvlos, Sar, Solas), prevalece sobre el interés estatal de proteger las fronteras.

Pero si es así -y aquí volvemos al caso de hoy- entonces la responsabilidad penal de la tripulación del “Mare Jonio” no se juega en el plano del (supuesto) lucro, sino, una vez más, acerca de cumplir el deber de salvar en el mar. Y dado que este deber incluye no sólo la recuperación de los náufragos, sino también su posterior desembarque en un puerto seguro, la pregunta que hay que hacerse es si la intervención de la tripulación de Mediterranea, que se hizo cargo de los 27 migrantes, sirvió para desbloquear una situación de estancamiento que estaba provocando un retraso injustificado en el desembarque.

Según la información disponible, parece que la respuesta es afirmativa: los migrantes llevaban 37 días a bordo del “Etienne” (un periodo mucho más largo del que desencadenó las investigaciones por secuestro en los casos “Gregoretti” y “Open Arms”), sus condiciones psicofísicas se estaban deteriorando progresivamente y sus reiteradas peticiones de ayuda habían permanecido desatendidas. Ante la inercia de las autoridades, la intervención del “Mare Jonio” no hizo más que garantizar el transporte de las personas a un puerto seguro “en un plazo razonable”, como exige el Convenio de Hamburgo, ratificado también por Italia. Exactamente igual que en el caso Rackete, también aquí el cumplimiento del deber implica no haber cometido el delito; y hablar de la circunstancia agravante de lucro en ausencia del favorecimiento es como pensar en amueblar una casa que aún no tiene techo y paredes: un sinsentido. La Fiscalía de Ragusa sin duda es consciente de ello, pero sería oportuno que lo fuera también el debate que acompaña este delicado caso.